Por Enrique Merlos
El agua es de vital importancia para garantizar la vida y el desarrollo, por lo que es necesario que todas y todos nos involucremos en su protección y conservación.
Según estimaciones de las Naciones Unidas, más de 2,000 millones de personas no tienen acceso a agua potable; la mitad de la población (3,600 millones de personas) no tienen servicios con tratamiento de residuos y un tercio de la población mundial (2,300 millones de personas), no tienen acceso a instalaciones de higiene básica. Esta situación provocó que en el 2020, año en que inició la pandemia por COVID-19, tres de cada 10 personas en el mundo no pudieran tener acceso a agua para realizar la higiene de manos, una acción clave para prevenir los contagios.
Cada 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, cuyo lema de este año es “Aguas subterráneas, hacer visible lo invisible” y se centra en la importancia de las aguas subterráneas, un recurso que no se ve pero que influye en el equilibrio del agua en el planeta y del que dependen los ecosistemas. Las aguas subterráneas se encuentran bajo tierra en los acuíferos y alimentan ríos, lagos, humedales y manantiales.
El Salvador es uno de los países que actualmente presenta altos niveles de vulnerabilidad y contaminación de los recursos hídricos; lo cual afecta de manera directa a las familias más pobres, quienes tienen que emplear una buena parte de su tiempo para obtener agua de calidad para sobrevivir. Por otro lado, los productores y las empresas cada vez tienen que elevar su nivel de esfuerzo e inversión para disponer de agua de calidad que garantice la elaboración de sus productos.
Por décadas, la problemática del agua en nuestro país ha estado centrada en los altos niveles de degradación y contaminación ambiental; la reducción de la capacidad de los suelos para infiltrar el agua por la urbanización acelerada y la falta de ordenamiento territorial; el uso y administración ineficiente del recurso, por la carencia de un marco legal y una institucionalidad hídrica acorde con las condiciones del país; y finalmente la falta de sensibilización y concientización de la población para el buen uso, la protección y conservación de los recursos hídricos.
Lo que todas y todos queremos es recibir agua en nuestros hogares las 24 horas del día a un precio bajo; sin ponernos a reflexionar sobre temas tan importantes como: ¿De dónde viene el agua que estoy utilizando?, ¿En qué condiciones están las fuentes de agua?, ¿Cuánto cuesta potabilizar el agua y transportarla hacia nuestros hogares?
En diciembre de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la “Ley de Recursos Hídricos”, en la cual se establece que el país, “reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento como componentes del derecho a un nivel de vida adecuado"; por lo cual todos los órganos e instituciones del Estado tienen la obligación de garantizar el goce efectivo a su población del derecho humano al agua potable y al saneamiento, con equidad e igualdad de género y sin discriminación alguna, asegurando la sustentabilidad ambiental, para las presentes y futuras generaciones. Esta ley establece que el agua no podrá ser privatizada bajo ninguna condición, lo cual deberá ser garantizado por la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que será el ente rector de los recursos hídricos.
Es importante dejar claro que la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos en sí, no solucionará los problemas de agua en el país por arte de magia; pero si es un avance importante y ahora ya se cuenta con marco normativo que debe cumplirse y evaluarse, y que permitirá impulsar acciones concretas orientadas a garantizar la disponibilidad de recursos hídricos e incentivar el uso eficiente del agua, para que El Salvador pueda hacer frente, de manera sostenible a los desafíos del cambio climático y la agenda de los ODS, para satisfacer las necesidades de agua para la vida y el desarrollo.
Es necesario hacer una apuesta de nación para formar capacidades e implementar tecnologías de bajo costo que permitan la cosecha de las aguas lluvias, pues año con año caen del cielo un promedio de 2,800 mm de agua, de la cual una parte se evapora, una pequeña parte se infiltra y el resto se pierde, porque no hay capacidad de aprovecharla. Una política de cosecha de aguas lluvias en pequeña y gran escala permitirá abastecer la demanda de agua de las comunidades rurales, las ciudades y las actividades agrícolas y pecuarias.
Hay que reforestar las cuencas hidrográficas de nuestros territorios, iniciando por aquellas que tienen una importancia vital para la provisión de agua, como el Río Lempa, el Río Paz, el Río Torola y las zonas de infiltración donde existen acuíferos importantes. En estas zonas también se deben construir barreras vivas y acequias para evitar la degradación de los suelos, fortalecer la capacidad de infiltración de los terrenos y trabajar por la restauración de los ecosistemas.
Se debe aplicar la Ley para que toda empresa, urbanización o proyecto que genere vertidos o aguas residuales, instale y opere sistemas de tratamiento para asegurar el minimo impacto posible a los ríos, afluentes, cuerpos de agua y mantos acuíferos.
Debemos aprovechar el poder de los medios de comunicación y las redes sociales para compartir información y generar conciencia colectiva sobre la necesidad de hacer un mejor uso del recurso agua, evitando su desperdicio y contaminación. A esto se deben sumar programas de educación ambiental desde los primeros niveles de estudio, para formar ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
El agua es un recurso finito y vulnerable, por lo que su buena gestión requiere el involucramiento proactivo del sector público, el sector privado, la sociedad civil organizada, la cooperación internacional y la población en general; para concientizar y movilizar recursos técnicos y económicos que permitan ejecutar acciones que aseguren la disponibilidad y calidad de este vital líquido y proteger las aguas subterráneas de la sobreexplotación y de la contaminación, para asegurar la vida y el desarrollo de las presentes y futuras generaciones.
Este artículo ha sido elaborado en el marco del proyecto "Fortalecimiento de capacidades, promoción de espacios de diálogo, concientización ciudadana y comunicación estratégica para impulsar el desarrollo sostenible en El Salvador" implementado por la Red DT y FUNDE con apoyo de Hanns Seidel Stiftung.